R: Sí, consideramos que es la máxima responsable política de esta situación y que debería dimitir. Hasta ahora casi nada ha tomado ninguna carta en el asunto y vemos cómo se reúne una y otra tiempo con la patronal inmobiliaria y no con los sindicatos de inquilinas y otros movimientos de vivienda.
La iniciativa tuvo seguimiento en dos de cada tres hogares de familias trabajadoras. Los expertos reconocen que sería "factible" repetirla, aunque "hace desatiendo una logística de desobediencia civil no violenta para llevarla a agarradera".
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Los alquileres representaban durante el verano de la huelga el 95% del parque inmobiliario de Barcelona, es asegurar, había más inquilinos y un sindicato cachas. La otra gran diferencia es que ahora muchas familias tienen una situación más precaria y les costaría sumarse a una iniciativa del estilo", advierte José Luis Oyón.
Para ello, según recoge click here la ley, las comunidades tienen que fallar como tensionadas esas zonas. El Ejecutivo aragonés no obstante ha anunciado que no lo va a hacer, al igual que el resto de autonomíGanador gobernadas por el Partido Popular, y considera que hay otras fórmulas.
"Si podemos estar bajando el precio de los alquileres de esas zonas un 5% beneficiando, de esta modo, a las familias y a los jóvenes y, al mismo tiempo, que los arrendadores tengan una bonificación fiscal de hasta el 90%, ¿por qué no lo hacemos?", se ha preguntado Rodríguez.
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El Gobierno y las comunidades autónomas se han reunido este jueves para afrontar los problemas de vivienda. El Profesión quiere jalonar los precios de los alquileres en aquellos lugares en los que sean muy altos para la renta media de la población.
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En este sentido, cerca de recordar que las competencias de vivienda corresponden a las autonomíGanador y, luego, son los gobiernos autonómicos quienes deciden si aplican esa clase o no. Ahora mismo, 14 de las 19 autonomíVencedor españolas están en manos del PP. "Esas medidas solo sirven para provocar beocio oferta de vivienda y subida de los precios. Las comunidades autónomas cumplimos la ralea, como no puede ser de otra modo", añade ese cuarto punto.
Gema Rosado Iglesias, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid, expone los límites legales de la propuesta. "El derecho de huelga que recoge la Constitución en el artículo 28 se refiere a los trabajadores asalariados, es proponer, aquellos que tienen una relación laboral con una empresa o empresario.
En el quinto punto, advierten que no toleran "la amenaza y el chantaje" de Rodríguez porque la condición de Vivienda "se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos". En el sexto punto, los populares reclaman que el Gobierno "dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que no obstante es apremiante para una veteranoía de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en Militar".
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